|
Afortunadamente, no vivimos en ese tipo de mundo, ya que todos protegemos la
mayor parte de nuestro correo con sobres. Así que nadie provocaría sospechas al
confirmar su privacidad con un sobre. Existe seguridad en números. Similarmente,
sería muy interesante si todos utilizáramos de manera rutinaria la codificación
para todos los mensajes por correo electrónico, inocentes o no, para que no
provocara sospechas al confirmar la privacidad de los mensajes por correo elec-
trónico con la codificación. Piense en ello como una forma de solidaridad. Hasta
ahora, si el gobierno deseara violar la privacidad de los ciudadanos ordinarios,
tendrían que gastar una cantidad determinada de fondos para interceptar, abrir por
medio de vapor y leer el correo en papel. O tendrían que escuchar y transcribir, si
es posible, la conversación telefónica que se llevó a cabo, por lo menos antes que
estuviera en disponibilidad la tecnología de reconocimiento automático de voz.
Este tipo de supervisión intensiva de mano de obra no era práctico a gran escala.
Únicamente se hacía en casos importantes cuando parecía que valía la pena.
El proyecto de ley 266 del Senado, un proyecto de ley sobre distintos asuntos
contra el crimen de 1991, contenía una medida pendiente. Si esta resolución no
obligatoria se hubiera convertido en una ley verdadera, habría forzado a muchos
fabricantes de equipo de comunicaciones seguras a insertar “trampas” especiales
en sus productos, para que el gobierno pudiera leer los mensajes codificados de
cualquier persona. Éste dice, “Este es el sentido del Congreso, que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y fabricantes de equipo de servicio de comunicaciones electrónicas deberían asegurarse que los sistemas de comunicaciones permitan que el gobierno obtenga el contenido del texto sencillo de voz, datos y otras comunicaciones cuando esté apropiadamente autorizado por la ley”. Este proyecto de ley fue el que me llevó a publicar PGP electrónicamente de forma gratuita ese año, un poco antes la medida fue derrotada después de una vigorosa protesta por los liberales civiles y los grupos de industrias. La propuesta de ley de Telefonía digital de 1994 demandó que las compañías telefónicas instalaran puertos remotos para intervenir comunicaciones en sus conmutadores digitales de las oficinas centrales, creando una nueva infraestructura de tecnología para intervenir comunicaciones de “apunte y haga clic”, para que los agentes federales no tuvieran que salir y conectar mordazas de cocodrilo a las líneas telefónicas. Ahora, ellos tendrán la posibilidad de sentarse en sus oficinas centrales en Washington y escuchar sus llamadas telefónicas. Por supuesto, la ley aún requiere una orden de la corte para una intervención de comunicaciones. Pero mientras las infraestructuras tecnológicas puedan persistir durante generaciones, las leyes y políticas pueden cambiar de la noche a la mañana. Una vez se va afianzando la infraestructura de comunicaciones optimizada para la vigilancia, un cambio en condiciones políticas puede llevar al abuso de este recién fundado poder. Las condiciones políticas pueden cambiar con la elección de un nuevo gobierno, o quizá de manera abrupta por el bombardeo de un edificio federal.
Un año después de que pasó el proyecto de ley de la Telefonía digital de 1994, el
FBI divulgó los planes para requerir que las compañías de teléfono construyeran
en sus infraestructuras la capacidad de intervenir las comunicaciones simul-
táneamente en un 1 por ciento de todas las llamadas telefónicas en todas las
principales ciudades de Estados Unidos. Esto podría representar un incremento
de mil veces más sobre los niveles anteriores en el número de teléfonos que
podrían intervenir comunicaciones. En años anteriores, sólo existían aproxima-
damente mil intervenciones de comunicaciones por año ordenadas por la corte
en los Estados Unidos, en los niveles federales, estatales y locales combinados.
|
